Austin, Texas – Hoy, la Cámara Alta aprobó el Proyecto del Senado 38 (SB 38), trazado por el senador Paul Bettencourt (republicano, de Houston). La medida, que fue designada prioritaria por el vicegobernador Dan Patrick, busca restablecer el derecho a la propiedad y reformar un proceso civil de expulsión defectuoso, que ha dejado a cientos de propietarios y arrendadores de Texas vulnerables al abuso de los ocupantes ilegales, que se aprovechan de las lagunas legales. “Su instrucción fue ‘Proteger a Texas de los ocupantes ilegales’ y ¡eso es lo que hace el Proyecto del Senado 38!”, dijo el senador Bettencourt.

“El proceso actual está tan descompuesto que castiga a los propietarios legítimos y premia a los intrusos que saben cómo aprovecharse del sistema. En una audiencia en el período entre sesiones, una propietaria declaró que un ocupante ilegal se metió en su casa de mezquite, vendió sus pertenencias por poco dinero, y después ¡un juez de paz en Garland sentenció que el intruso podía pasar las fiestas allí y ella no podía ir a su casa para Navidad! Si lo inventas, no te lo creen: una historia de terror tras otras con estos ocupantes ilegales”, dijo el senador Bettencourt.

En las declaraciones ante el Comité de Asuntos Estatales, grupos de interés y líderes de la industria compartieron más datos e historias alarmantes que dan cuenta de la gravedad de la crisis de ocupación ilegal en Texas:

• Stephanie Graves, una experta en administración de propiedades ubicada en Houston, denunció más de 102 casos documentados de ocupación ilegal, cada uno tardó un promedio de 128 días y $7,400 en resolverse.
• Crystal Moya, en representación de un complejo de viviendas subvencionadas de Dallas, declaró que tardaron seis meses en expulsar legalmente a ocupantes ilegales, que luego dejaron reseñas en línea haciéndose pasar por inquilinos legítimos.
• Chris Newton, de la Asociación de Apartamentos de Texas, reveló que un grupo conocido como “Trends la Guirada” había tomado ilegalmente entre 250 y 300 apartamentos en San Antonio, que luego promocionaron como unidades habitacionales de un centro de servicios a inmigrantes, y cobraron renta para ellos y no los dueños.

“Estas historias son desopilantes, pero reales y están sucediendo en todo el estado. Debería ser simple: los ocupantes ilegales no tienen derecho a ocupar una propiedad que NO les pertenece”, dijo Bettencourt. “Estamos arreglando el sistema y agilizando el proceso. Los texanos merecen el derecho a reclamar su propiedad sin retrasos, lagunas legales o explotación”, concluyó.

Cómo el Proyecto del Senado 38 termina con la crisis de ocupación ilegal:

• ✓ Establece un proceso más justo y rápido para expulsar a los ocupantes ilegales: exige a los tribunales que actúen en un plazo de entre 20 y 21 días desde que el dueño hace la presentación, lo cual aclara el método de entrega del Aviso de Desahucio
• ✓ Lucha contra las apelaciones frívolas que buscan demorar las expulsiones y refuerza la discreción judicial
• ✓ Confirma que los jueces de paz pueden programar una audiencia para una moción de resolución sumaria.

El Proyecto del Senado 38 también obtuvo el apoyo del gobernador Greg Abbott: “Los derechos a la propiedad privada son la piedra angular de nuestros valores y sistema legal”, dijo. “Vivir o quedarse en la propiedad de alguien sin permiso atenta contra le ley. Necesitamos leyes más fuertes para expulsar y enjuiciar de inmediato a los ocupantes ilegales”.

El Proyecto del Senado 38 ahora se dirige a la Cámara Baja, donde la representante Angie Chen Button (republicana, de Garland) presentará la medida complementaria, el Proyecto de Representantes 32, que ya incluye una enmienda del presidente provisional Joe Moody.

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