por Royce West
Senado de Texas

El jueves 11 de septiembre, un día que habría sido mejor pasarlo recordando una fecha trágica de la historia estadounidense, corrieron noticias del anuncio de la nueva política del presidente Donald Trump con la que recortará la financiación de instituciones al servicio de grupos minoritarios y limitará las oportunidades de las que surge la futura fuerza laboral del país.

El Departamento de Educación de los EE. UU. dijo que redirigiría 350 millones de dólares de subvenciones discrecionales hoy otorgadas a universidades e institutos de educación superior, porque los programas al servicio de grupos minoritarios, autorizados por la Ley de Educación Superior de 1965, limitan los fondos a instituciones donde la participación en los programas se basa en preferencias y cupos étnicos y raciales.

En un comunicado, la secretaria del Departamento de Educación afirmó: “La discriminación basada en la raza o la etnia no tiene lugar en los Estados Unidos. Para reforzar nuestro compromiso por terminar con la discriminación en todas sus formas dentro de los programas que reciben fondos federales, el Departamento ya no entregará subvenciones específicas a instituciones al servicio de grupos minoritarios con las que se ejerce la discriminación, ya que se restringe la subvención a aquellas instituciones que cumplan con las cuotas raciales impuestas por el Gobierno”.

En el año académico actual, 2025, los recortes afectarán a 58 universidades e institutos de educación superior de dos y cuatro años que reciben fondos a través de estas subvenciones discrecionales, entre ellos, Dallas College, Texas Women’s University y Tarrant County Community College District.

Según la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas, los fondos de las subvenciones se otorgan directamente a las escuelas, lo cual hace que sean difíciles de rastrear. Sin embargo, solo a través del Programa para el Desarrollo de Instituciones al Servicio de los Hispanos, en 2024, siete universidades e institutos de educación superior de Texas recibieron subvenciones de este tipo por 3.8 millones de dólares.

Estas medidas están en sintonía con cambios recientes en leyes estatales y federales que, según sus defensores, se pensaron para eliminar el tratamiento preferencial basado en la raza. Los opositores como yo sostienen que ciertas leyes que se retrotraen a la época de los derechos civiles se crearon para abordar siglos de tratamiento diferenciado del país a ciertos ciudadanos en función de la raza, la etnia y hasta el género.

En Texas, la reversión de derechos que fueron tan difíciles de conseguir comenzó con el debate y la aprobación del Proyecto de Representantes 3979 en el período de sesiones legislativas de 2021, en el que muchas personas conocieron por primera vez el concepto de Teoría Crítica de la Raza, con anterioridad solo presente en programas de estudios universitarios o superiores, y nunca en la escuela pública.

La Ley de Teoría Crítica de la Raza de Texas dispone que el estudio en clase de un conjunto enumerado de hechos históricos, temas y documentos está bien, pero que queda prohibido cualquier curso en el que se exprese que una raza o sexo es superior a otro o que genere incomodidad o culpa por acciones del pasado relativas a la raza o al sexo. A nivel nacional, estas leyes indican que la discusión del racismo sistémico y las inequidades estructurales del país hoy son tabús legales.

A la ley le siguieron más ataques, igual de necios si bien más específicos, contra las iniciativas que impulsaron los avances logrados por las minorías. En 2023, Texas aprobó el Proyecto del Senado 17, que ponía más atención en las teorías críticas de la raza. Los defensores sostenían con firmeza que los programas de DEI creaban desigualdad, ya que los programas de diversidad, equidad e inclusión generaban ventajas preferenciales y discriminatorias.

A pesar de todas las declaraciones en contra de la medida que se escucharon cuando se realizaron las audiencias, que duraron días, de la Cámara de Senadores y de Representantes de Texas, el Proyecto del Senado 17 desmantela programas actuales de las universidades e institutos de educación superior de Texas pensados para ayudar a los estudiantes que, por cuestiones de raza, género, identidad sexual, discapacidad, cultura o contexto social, enfrentan dificultades para tener éxito académico.

El Proyecto del Senado 12, aprobado este año, prohíbe la práctica de contratación y empleo que incluya un tratamiento diferencial según la raza, el sexo o la identidad de género, a menos que sea necesaria por ley estatal o federal.

Este recorte de parte del presidente Trump se aleja de la afirmación que hizo en la campaña de 2020 de que “salvó las universidades e institutos superiores históricamente negros” mediante la aprobación, con apoyo de ambos partidos, de la Ley Futuro 2019, con la cual se entregaron 255 millones de dólares anuales a instituciones de educación superior al servicio de minorías, de los cuales 85 millones se destinaron a universidades e institutos superiores históricamente negros, conforme a la normativa federal del Título III.

Mi pregunta no retórica todavía no tiene respuesta. ¿Cómo pueden las personas subrepresentadas y privadas de derechos discriminar a la muy arraigada estructura de poder mayoritario? ¿Qué más quieren?

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