La decisión reciente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de revocar la política que les permite a los dreamers —los estudiantes indocumentados que vinieron al país de niños y han vivido aquí, en muchos casos, la mayor parte de su vida— pagar la matrícula de residentes del estado no solo es una mala jugada legal, sino que va en contra de los valores en los que creemos como estadounidenses. En un estado conocido por su compromiso con la oportunidad, el crecimiento y los valores sólidos, debemos apoyar a los jóvenes, no perjudicarlos.

Desde 2001, Texas ha sido un líder al permitir que los estudiantes indocumentados puedan pagar una matrícula de residentes si cumplen con ciertos criterios. Esa política, que comenzó el gobernador Rick Perry, le abrió la puerta a miles de estudiantes que contribuyen a nuestras comunidades. En la Universidad del Valle de Río Grande (UTRGV), la cual represento, esta decisión les quitaría la posibilidad de una educación asequible a 800 dreamers.

La diferencia económica es desopilante: en UTRGV, la matrícula de residente de Texas cuesta 4,993.20 dólares por semestre, mientras que la de no residente es casi el doble, 9,913.20 dólares. El año completo cuesta 9,986.40 dólares con la matrícula de residente y 22,136 dólares sin ella. Esto no es un costo un poco más alto, es un obstáculo concreto para muchas familias. Si los dreamers pierden esta matrícula, se los tratará como estudiantes fuera del estado y, por lo tanto, es probable que no puedan pagar el costo de ir a la universidad.

Los efectos de este cambio van más allá de los estudiantes. Quitarles la matrícula impedirá que muchas personas talentosas obtengan un título o si quiera asistan a la universidad, lo cual perjudica a Texas en el largo plazo. Los graduados universitarios son importantes para nuestras familias y comunidades, ya que ayudan a hacer crecer la economía, trabajando en sectores como salud, educación y tecnología.

Las investigaciones demuestran que eliminar la matrícula de residente podría costarle a Texas alrededor de 461 millones de dólares por año en actividad económica, monto que incluye pérdidas de 244.4 millones de dólares en salarios y 216.9 millones de dolares en consumo. Estos resultados perjudicarán a las empresas y las comunidades de todas partes del estado, y debilitarán la economía.

El procurador general Ken Paxton dice que la ley es “antiestadounidense”. Estoy muy en desacuerdo. La política refleja nuestro compromiso con el trabajo arduo y la creencia de que aquellos que contribuyen al estado merecen la oportunidad de tener éxito. Apoyar la educación de estos estudiantes no solo es bueno para ellos, sino para el futuro de Texas.

Esta decisión debilita el espíritu comunitario que hace a los texanos. Cuando trabajamos por un futuro mejor, debemos ayudarnos. Permitir que los estudiantes indocumentados puedan acceder a la matrícula para residentes es una medida en consonancia con nuestros valores y demuestra nuestro compromiso con un futuro más próspero para nuestros estado. Antiestadounidense sería no hacerlo.

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