Austin — Hoy, en respuesta a la decisión del gobernador Abbott de nombrar la reforma a las fianzas un ítem de emergencia, la senadora Joan Huffman, republicana, de Houston, anunció que presentará un paquete integral de reformas en materia de fianzas, cuyo propósito es hacer de nuestras comunidades un lugar más seguro y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de establecimiento de fianzas.

“Quiero agradecerle al gobernador Abbott por incluir la reforma de las fianzas en la lista de emergencia, porque realmente es una crisis de seguridad pública que el estado debe abordar de inmediato”, dijo la senadora Huffman. “Estoy, al igual que millones de texanos, harta de que delincuentes reincidentes violentos salgan libres a nuestras comunidades porque hay jueces más preocupados por su propia agenda política que por la seguridad de los texanos respetuosos de la ley. Gracias a que el gobernador agregó el tema de las reformas de las fianzas a la lista de emergencia, anticipo que el Senado de Texas aprobará esta reforma de sentido común enfocadas en la seguridad pública lo más rápido posible”.

Algunos proyectos incluidos en el paquete legislativo:

El Proyecto del Senado 9, un tema prioritario para el vicegobernador Dan Patrick, busca establecer medidas estrictas para mejorar la rendición de cuentas del sector judicial y aumentar la seguridad pública. Para ello, se traspasa la autoridad, del oficial de audiencia al juez de cámara, de establecer las fianzas iniciales de acusados específicos de riesgo alto, incluidos aquellos en libertad preparatoria, reincidentes de delitos violentos y aquellos acusados de delitos violentos o puestos en detención migratoria. El proyecto amplía la lista de delitos incompatibles con una fianza personal. Se agregan: posesión ilegal de un arma de fuego, violación de una orden de protección familiar, amenazas terroristas y asesinato vinculado a la distribución de fentanilo. El proyecto aumenta la transparencia de los informes de las organizaciones caritativas de fianzas, impide que los jueces de instrucción alteren las fianzas establecidas por tribunales de distrito, exige que el juez se comparezca antes de fijar una fianza ante un delito grave y brinda un nuevo proceso de apelación para que los fiscales modifiquen una fianza insuficiente.

La Resolución Senatorial Conjunta 17, si se aprueba en las urnas, les permitiría a los jueces rechazar el pedido de fianza de los acusados más violentos que suponen una amenaza clara y convincente a la seguridad pública. La resolución es similar a otras anteriores que se aprobaron en el Senado con apoyo de ambos partidos en 2021 y 2023, en ese último año con 30 votos a favor y uno en contra.

La Resolución Senatorial Conjunta 49, si se la aprueba en las urnas, enmendaría la constitución para que se rechacen las fianzas de extranjeros ilegales acusados de un delito mayor con causa probable. Para ayudar al gobierno federal a implementar la ley Laken Riley, firmada hace poco, este proyecto establece un mecanismo de detención similar de inmigrantes ilegales acusados de delitos mayores en Texas.

El Proyecto del Senado 1047 busca mejorar el Sistema de Notificación de Seguridad Pública que usan los jueces para fijar una fianza, para lo que destaca a los acusados que tengan ordenes de restricción o que estén en el régimen probatorio, libertad condicional o tengan órdenes de arresto pendientes. También garantiza que los reincidentes se comparezcan ante el juez original para una revisión de la fianza. También notable es que el proyecto mejora la comunicación con las víctimas en los casos de violencia intrafamiliar, ya que garantiza que se las escuche al momento de decidir sobre las fianzas, las cuales podrían afectar la seguridad de las víctimas.

El Proyecto del Senado 1048 impide que una subdivisión política utilice el dinero de los contribuyentes para financiar organizaciones sin fines de lucro que usan donaciones públicas para pagar fianzas de los acusados. Además, el proyecto permite que los contribuyentes o residentes puedan efectuar demandas si se viola esta prohibición. El accionar de parte de ciertas subdivisiones políticas conlleva una preocupación seria en torno a la seguridad pública, ya que se les permite a los acusados salir de la cárcel al usar los mismos fondos de los contribuyentes que sirvieron para arrestar y procesar al acusado.

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