AUSTIN – Hoy, la senadora estatal Sarah Eckhardt y el representante estatal John Bucy exhortaron a que se actúe en torno a sus proyectos, SB 631 y HB 590, los cuales les devuelven el derecho a voto a los texanos que con anterioridad estuvieron encarcelados. Hoy, la ley de Texas dificulta que una persona que cumplió una condena en prisión pueda participar de las elecciones, ya que su posibilidad de votar está sujeta a períodos extendidos de libertad condicional o supervisión. Según The Sentencing Project, en la actualidad, las leyes de Texas privan del derecho a voto a 479,000 texanos, de los cuales 327,000 viven en la comunidad en libertad condicional o bajo palabra. Los texanos latinos y negros son una gran proporción de los privados de este derecho.

SB 631, de Eckhardt, deja en claro que una vez que la persona sale de prisión tiene permitido registrarse para votar. “Votar es fundamental en una democracia”, dijo la senadora Sarah Eckhardt. “Prohibirle a las personas el derecho de registrarse para votar socava su rehabilitación y nuestra seguridad colectiva como comunidad, lo cual requiere compasión además de sentido común. Este es un paso importante para reducir los obstáculos que dificultan obtener un ingreso, una vivienda y atención a la salud, los cuales surgen de una falta de representación que comienza en las urnas. Este proyecto nos da una democracia más saludable y completa”.

HB 590, del representante Bucy, dispone que Secretaría del Estado debe informarle a una persona que fue liberada sobre su derecho de votar. “Nadie entiende el sistema de justicia mejor que quienes lo han atravesado”, dijo el representante John Bucy III. “Si queremos que la democracia represente al pueblo, debemos asegurarnos de que se oiga cada voz, incluidas las de aquellos que cumplieron su condena en la cárcel y recuperaron el derecho a opinar sobre nuestro futuro. Esta medida garantiza que los texanos que cumplieron su condena en la cárcel no sean excluidos de la democracia solo porque desconocen sus derechos”.

La senadora Eckhardt y el representante Bucy estuvieron acompañados por personas afectadas por la Justicia: Robert Lilly de Grassroots Leadership, Steve Huerta de All of Us or None Texas, Marci Marie Simmons de Lioness Justice Impacted Women’s Alliance, Bob Libal de The Sentencing Project, con apoyo de ACLU de Texas, Texas Civil Rights Project y MOVE Texas.

“Quiero vivir en una democracia segura y saludable, donde las personas tienen control sobre sus vidas”, dijo Robert Lilly. “Una democracia es próspera cuando las personas están informadas y tienen el poder de moldear su futuro. La privación del derecho al voto socava la seguridad de la comunidad, razón por la cual urjo a la legislatura a respaldar la declaración de objetivos del Departamento de Justicia Criminal de Texas: ‘empoderar a las personas para que alcancen el éxito para toda la vida’. Esto se puede lograr si se devuelve el derecho al voto a la persona una vez que queda liberada”.

“Votar es más que un privilegio, es una declaración de pertenencia, el reconocimiento de la humanidad de la persona”, dijo Steve Huerta. “Cuando privamos del derecho al voto a las personas bajo libertad condicional o de palabra, silenciamos voces que han pagado sus deudas y quieren reconstruir sus vidas. Las personas afectadas por la Justicia son esenciales para nuestras comunidades y familias, y merecemos poder opinar sobre el futuro. La justicia verdadera significa reparación, inclusión y la creencia de que cada persona cuenta”.

“Votar es más que elegir una boleta. Es ser visto y valorado en la sociedad”, dijo Marci Marie Simmons, directora de Participación Comunitaria de Lioness Justice Impacted Women’s Alliance. “Negarles la posibilidad de votar a quienes han cumplido condenas es decirles que su voto no importa. En Lioness sabemos que las personas afectadas por la Justicia son más que su pasado. Como líderes, padres y madres, y miembros de la comunidad, merecemos opinar sobre las políticas que moldean nuestras vidas”.

“La ley que prohíbe que las personas con condenas voten socava la democracia de Texas”, dijo Bob Libal, asesor sénior de políticas para The Sentencing Project. “Devolverles el derecho a voto ayuda a la reincorporación social de las personas que cumplieron sus condenas y las prepara para tener éxito y volver a participar como ciudadanas activas en el estado. De eso se tratan las comunidades seguras y estos proyectos nos acercan un paso más a tenerlas en Texas”.

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