(AUSTIN) — Los miembros del Comité Senatorial de Educación Superior trataron un proyecto el miércoles que cambiaría considerablemente el estándar de aceptación automática a las universidades estatales, conocido comúnmente como la regla del “diez por ciento de los mejores”. Originalmente, la regla decía que el diez por ciento de los mejores estudiantes de la promoción tenían aceptación garantizada en la universidad estatal de su preferencia. La iniciativa, presentada hoy en comité por el senador Brandon Creighton de Conroe, establecería que la cantidad de estudiantes que una universidad estatal puede aceptar automáticamente aplicando la regla no debe superar el 30 por ciento del total.
Se aprobó preliminarmente el plan de la senadora Joan Huffman de Houston para volver a hacer solvente el fondo de pensiones de los empleados públicos.
La ley original se aprobó en 1997 para dar respuesta a la decisión del caso “Hopwood contra Texas” de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que prohibía que las instituciones de educación superior utilizaran la raza como un criterio para aceptar estudiantes. La regla de aceptación automática buscaba ofrecer una posibilidad libre del componente racial a grupos de estudiantes afroamericanos e hispanos, que estaban infrarrepresentados, así como a estudiantes de escuelas secundarias pequeñas y rurales, que carecían del acceso a los mismos recursos que su contraparte en distritos urbanos más grandes. Creighton dijo a sus colegas que no queda claro en qué medida la ley contribuyó en alcanzar ese objetivo: “La Junta Coordinadora de Educación Superior aseveró que es muy difícil distinguir el efecto que tiene la regla comparada con otras políticas, iniciativas y tendencias en los últimos 20 años”. Agregó que la regla sesga el proceso de aceptación de estudiantes en las universidades más importantes al dejar afuera a numerosos alumnos que no quedaron en el diez por ciento de los mejores. “El puesto de un estudiante en su curso es una forma de medir su potencial, pero a veces no debería ser la única”, dijo.
Esta no sería la primera vez que la legislatura limita el alcance de la regla. Los estudiantes que reciben la aceptación automática suelen elegir por amplia mayoría la Universidad de Texas en Austin. En 2008, el 81 por ciento de los estudiantes de primer año de esa universidad ingresaron gracias a la regla del diez por ciento y se proyectó que en el año 2013 sería la totalidad. Los legisladores hicieron una excepción con la Universidad de Texas en 2009, cuando establecieron que la aceptación automática fuera del 75 por ciento. Como el porcentaje de aceptación de la universidad era superior, fue una forma concreta de limitar la cantidad de estudiantes que ingresaban por la regla del diez por ciento. El proyecto de Creighton, SB 1091, establece que este tipo de ingresantes quede limitado a 30 por ciento del total, y se aplicaría a todas las universidades estatales. En la actualidad, solo cinco universidades, UT-Austin, Texas A&M, Texas State, Texas Tech y University of North Texas, alcanzan o superan ese porcentaje. Según representantes de las universidades, la propuesta del 30 por ciento implicaría que los estudiantes que representen el 6 por ciento de los mejores de su promoción ingresen automáticamente a Texas A&M, y solo el dos o tres por ciento, a UT-Austin.
El miércoles, el Senado dio aprobación preliminar al plan de la senadora Joan Huffman de Houston que busca librar de deudas al fondo de pensiones de los empleados públicos. La SB 321 se propone hacer esto de dos maneras. Primero, cambia la estructura de los beneficios de los empleados contratados a partir del 1 de septiembre de 2022, al ponerlos en un plan del tipo “cash-balance”, similar a un 401 (k), financiado por una contribución salarial del seis por ciento. Al jubilarse, el estado iguala los aportes en ese fondo a la misma tasa que los empleados actuales y usa ese monto para calcular una anualidad vitalicia para el jubilado. En segundo lugar, se compromete a que el estado contribuya $510 millones en pagos anuales al Sistema de Jubilación de Empleados Públicos (ERS) a fin de cancelar los $14.7 billones de obligaciones no cubiertas en 2054. Si bien es un monto considerable, según dijo Huffman, ahorrará al estado $34 billones en intereses en ese lapso de 33 años. También destacó que, por ley, no se pueden hacer aumentos según el costo de vida a los jubilados actuales a menos que el fondo sea totalmente solvente. “Este es un buen proyecto”, dijo a sus colegas. “Es bueno para los trabajadores actuales, es buenos para los trabajadores futuros y exige que el estado de Texas haga una inversión grande en sus empleados”. El proyecto será sometido a una votación más, final, el jueves probablemente.
El Senado volverá a reunirse el jueves 29 de abril a las 8 a.m.
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