AUSTIN – El Comité Senatorial de Salud y Servicios Sociales recibió testimonio el martes sobre dos medidas que buscan cambiar la manera en que el estado trata a las personas con discapacidad mental que tiene a su cuidado. La Senadora Judith Zaffirini de Laredo, autora de ambas propuestas, declaró que aunque otros estados se están alejando del control físico y farmacológico de pacientes institucionalizados, Texas continúa usando estos métodos. La senadora citó una reciente investigación del Departamento de Justicia de Texas a los hogares-escuela del estado, la que halló más de 10,000 instancias de restricción física aplicada a 751 residentes en solo un año. “Eso es horrendo”, opinó la senadora, agregando que el mismo informe halló que el 78 por ciento de los residentes con problemas de adaptación y comportamiento reciben drogas psicotrópicas como tratamiento. Las medidas limitarían el uso de la sujeción física y las drogas psicoactivas en hogares-escuelas de Texas.
La primera medida de Zaffirini, SB 751, prohibiría el uso de chalecos de fuerza y la sujeción boca abajo sin excepciones. Otras formas de restricción física podrían usarse solo en casos donde hay riesgo inminente de heridas graves a otro/s residente/s. De ser necesaria la sujeción, solo se permitirían las formas menos restrictivas. El Departamento de Servicios a la Ancianidad y Discapacitados tendría que compilar un informe mensual con cada caso de sujeción física ocurrido en estas instituciones. La medida también prohibiría el uso de medicinas psicotrópicas como método de restricción, a menos que sean ordenadas específicamente por juez o psicólogo.
La segunda medida, SB 750, se refiere al uso de drogas psicotrópicas en hogares-escuela del estado. Zaffirini declaró ante el comité que demasiados residentes reciben medicación sin motivo. “Muchos pacientes reciben medicación sin diagnóstico previo u otra especificación de desorden mental”, dijo la senadora. “DOJ halló que la calidad del diagnóstico psiquiátrico en instituciones de Texas no cumple niveles aceptables de profesionalismo”.
Bajo la SB 750, los residentes con discapacidad mental en hogares-escuela estatales tendrían el mismo derecho a rechazar medicación que otros ciudadanos institucionalizados. Esto solo podría obviarse en casos de emergencias, o si el representante legal de la persona o un juez lo ordena de otra manera. Al recetar medicación a residentes de hogares-escuela, el médico deberá extender al paciente, su representante o juez información médica sobre la condición a tratar, todo posible riesgo o beneficio de la medicina, así como todo tratamiento alternativo aceptado para esa condición. Los médicos podrían solicitar una orden judicial para administrar la medicina en casos que consideren necesarios. Luego, si la corte decide que el residente no tiene la capacidad mental de decisión, y si la medicación es en el mejor interés del paciente, ésta podría ser administrada contra el deseo del paciente.
El Senado vuelve a reunirse el miércoles 8 de abril a las 11 de la mañana.
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