AUSTIN – El Comité Conjunto para el Estudio del Poder de Expropiaciones se reunió hoy para considerar los efectos de una legislación aprobada en la II Sesión Especial de la Legislatura 79º sobre la autoridad (llamada aquí dominio eminente) para expropiar propiedad privada con fines públicos. Una decisión del 2005 de la Corte Suprema Nacional permitió el uso del dominio eminente con fines de desarrollo económico. Este fallo hizo que varios estados, incluyendo Texas, aprobaran leyes prohibiendo el uso de dominio eminente, excepto bajo ciertas circunstancias.
Jenifer Zeigler, abogada del Instituto por la Justicia, dijo que Texas logró grandes progresos hacia una ley justa de dominio eminente con la aprobación de la medida SB 7 en 2005, pero que se necesita legislación adicional para proteger mejor los derechos de propietarios. Como las expropiaciones de dominio eminente todavía son permitidas en Texas si la tierra será usada para bien del público, Zeigler señaló que lo que es considerado uso público debería ser definido específicamente e incluido en la constitución del estado. Ella agregó que definiciones constitucionales sobre el uso, propiedad y ocupación pública resolverían la gran mayoría de los casos de dominio eminente en los juzgados de Texas.
Bill Peacock, de la Fundación de Políticas Públicas de Texas, dijo que el estado también debería prohibir el uso de dominio eminente para transferir propiedad de un ente privado a otro, excepto en casos donde la transferencia sería claramente por el bien público. Además, dijo que el proceso de dominio eminente debería pesar a favor del propietario original y no del que condena la propiedad, y forzar al que condena la propiedad a probar que su planeado uso es tanto público como necesario.
Uno de los problemas del procedimiento de dominio eminente, dijo Peacock, es que los juzgados han sido muy liberales en la interpretación de qué constituye uso público y qué no. Además, las cortes han juzgado que la Legislatura puede decidir qué constituye uso público, poder que Peacock dijo ha sido extendido a entidades de gobierno locales, pero debería estar fuera de su autoridad.
El comité también examinó cuál sería una compensación justa para propietarios que pierden tierras por las expropiaciones. Testigos a favor de una mejor compensación dijeron que las tasaciones de propiedades a favor del gobierno son injustamente bajas, y que los futuros ingresos devengados por la propiedad al ser convertida en uso público deberían considerarse en la oferta del gobierno.
Jay Doegey, abogado de la Municipalidad de Arlington, dijo que la manera en que su ciudad, y la mayoría de las ciudades, operan las expropiaciones de dominio eminente es deliberativa y cuidadosa, y que la ciudad ejerce su autoridad solo en casos de claro uso público. Doegey señaló que los propietarios son adecuadamente compensados por sus tierras, y que la actual definición de uso público en los estatutos es suficiente para la protección de propietarios. El abogado de Arlington agregó que los funcionarios de la ciudad son tan conscientes de un ejercicio juicioso del poder municipal, que requieren una súper mayoría de dos terceras partes para aprobar casos de expropiaciones.
El comité concluyó hoy su agenda y volverá a reunirse sujeto a la convocatoria de su presidente.
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