Houston, Texas – El senador Paul Bettencourt (R-Houston), presidente del Comité de Gobierno Local, junto a 9 coautores, los senadores Brian Birdwell (R-Granbury), Donna Campbell (R-New Braunfels), Brandon Creighton (R-Conroe), Bob Hall (R-Edgewood), Kelly Hancock (R-North Richland Hills), Bryan Hughes (R-Mineola), Angela Paxton (R-McKinney), Charles Perry (R-Lubbock) y Drew Springer (R-Muenster) consiguieron la aprobación, por 17 a 13, del proyecto senatorial 10, que frena la práctica de las ciudades y los condados de pagar lobistas con fondos públicos, a fin de influir en las leyes que se aprueban en la legislatura de Texas.

“El dinero público que se usa en pagar lobistas podría usarse para solucionar problemas locales. Se terminan defendiendo intereses contrarios a los de los contribuyentes, ¡con su propio dinero!”, dijo Bettencourt. “Este iniciativa, la SB 10, prohíbe que las ciudades y los condados contraten lobistas registrados con dinero de los contribuyentes”, añadió.

La SB 10 no prohíbe que los funcionarios electos, agentes o empleados de una ciudad o condado compartan información con los miembros de la legislatura, se comparezcan ante audiencias de comité a pedido de un miembro o defiendan determinado proyecto cuando estén actuando a título oficial. La prohibición se limita al caso en que el empleado de la ciudad o el condado esté inscrito como lobista de acuerdo con el Capítulo 305 del código gubernamental de Texas.

“Tomo mucho tiempo conseguir que se apruebe este concepto tan sencillo: la senadora Nelson dijo que presentó un proyecto similar al SB 10 en 1995”, dijo Bettencourt. “Bueno, es posible que tome una década aprobar ideas como el Acta de Reforma y Reducción del Impuesto de Propiedades de la SB 2 y ahora la SB 10, que prohíbe el lobby financiado por los contribuyentes, ambos con apoyo del vicegobernador Patrick y mío, ¡pero tarde o temprano había que escuchar a los contribuyentes de Texas!”, dijo.

La SB 10 dispone que los contribuyentes pueden solicitar medidas cautelares a la Justicia a fin de frenar a los gobiernos locales que infrinjan la ley propuesta y pueden recibir un reintegro por los gastos razonables en los que incurrieron para demandar al gobierno local infractor.

“La Fundación de Políticas Públicas de Texas halló que el 91 % de los texanos se opone al lobby financiado por los contribuyentes. Ese un dato bastante importante que da cuenta del masivo apoyo del público a la iniciativa SB 10”, concluyó Bettencourt.

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