Por primera vez en la historia de Texas, se cerró uno de nuestros parques estatales. Hay algo discutible en esta situación que merece ser analizada con más detalle.

En junio de este año, una empresa privada de desarrollo inmobiliario adquirió el parque estatal Fairfield Lake, ubicado en una región céntrica, entre Dallas, Austin y Houston, y conocido por ser un lugar excelente para el senderismo, el acampe y la pesca de primer nivel. Como el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas no consiguió los fondos necesarios para comprar el parque estatal a tiempo, la empresa, Todd Interests, dio un paso sin precedentes y adquirió la propiedad.

Antes de este hecho y desde entonces, el departamento hace todo lo posible por volver a adquirir el parque estatal y reabrirlo para que todos los texanos puedan seguir disfrutándolo.

Mientras tanto, Todd Interests avanza con la demolición del parque, que planea convertir en última instancia en una comunidad de lujo cerrada.

Esto es más que un debate entre el uso público o privado de las tierras prístinas de Texas. Existen preocupaciones muy concretas que se deben abordar sobre quién está detrás de los fondos que Todd Interests usó para comprar las miles de hectáreas de parque estatal y recursos hídricos.

Según los registros públicos, la mayor parte de los fondos, $92 millones para ser exactos, con los que Todd Interests compró el parque estatal Fairfield Lake provienen de un préstamo que recibió de un grupo llamado Grupo de Inversión en Infraestructura CMB, una organización que, a través del dudoso programa federal de visas EB-5, actuá como intermediario para que inversores extranjeros pueden obtener su Green Card.

Según un artículo editorial del New York Times, el programa de visas EB-5 a veces se abusa. CMB y Patrick Hogan, su director general, no son la excepción: la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos citó a ambos por reclutar inversores ilegalmente y no presentarle a la agencia la documentación que corresponde.

Uno de los principales focos de los intermediarios de la visa EB-5, como CMB, es China, de donde muchos ciudadanos buscan emigrar, junto con su dinero. Hogan, que es director general de los centros regionales de CMB, incluso se jactó de la enorme cantidad de inversores chinos que la compañía tiene en lista de espera.

Esta no es la primera vez que los intereses extranjeros buscan hacer una compra grande de tierras en Texas. Cuando se busca usar decenas de millones de dólares de capitales extranjeros para adquirir nuestras tierras y recursos, hace falta transparencia. Esa es la razón por la que en la última sesión legislativa presenté el Proyecto del Senado 147, que busca limitar las compras de tierras para explotación de agricultura, tierras raras, madera y petróleo y gas en manos de entidades asociadas con países que representan una amenaza a la seguridad nacional.

Con apoyo del gobernador y vicegobernador, mi proyecto se aprobó en el Senado con el respaldo de ambos partidos, pero no avanzó en Representantes.

El Proyecto del Senado 147 (SB 147) surge a partir de que un exgeneral del ejército chino gastara alrededor de $110 millones en la compra de tierras en el condado de Val Verde, hogar de la base de la fuerza aérea Laughlin, un lugar de entrenamiento de pilotos militares. En última instancia, compró unas 140,000 hectáreas a las que finalmente renunció, pero la transacción puso de relieve un problema enorme.

No sorprende que, según fuentes militares estadounidenses desclasificadas, el Partido Comunista Chino trabajara activamente entre bastidores para desbaratar SB 147 en la sesión pasada.

El debate sobre entidades extranjeras que compran nuestros recursos naturales es una conversación difícil, pero es la conversación correcta. ¿Deberíamos permitir que cualquier entidad de cualquier lado compre un parque de Texas? ¿Deberíamos venderlo a ciegas al mejor postor? ¿Qué pasa si la transacción la realizan ciudadanos de China, Rusia, Irán o Corea del Norte, naciones que están en la lista de la Evaluación de Amenazas Nacionales a los EE. UU.?

Por eso el acuerdo entre Todd Interests y CMB merece un examen más detallado. Se debe dar respuesta a las preguntas. Ahora mismo, no sabemos nada de estos inversores: ni cuántos son, ni su país de origen. Todd Interests tuvo que ofrecer los ingresos, actuales y futuros, que provengan de la explotación de la tierra y los derechos del agua como garantía por el préstamo de $92 millones. ¿Realmente queremos que el derecho a un recurso tan importante de agua fresca de Texas quede en manos extranjeras?

El parque estatal Fairfield Lake es una gema de la naturaleza. Los texanos deberían saber exactamente de dónde vienen estos fondos y quién es dueño de la billetera antes de que el público se quede sin nada.

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